El miércoles por la mañana, la ciudad de Los Ángeles fue testigo de un hecho explosivo: agentes del FBI ejecutaron órdenes de registro en la sede central del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) y también en la residencia del propio superintendente, Alberto Carvalho.
Según fuentes federales que hablaron bajo condición de anonimato, los allanamientos forman parte de una investigación secreta en curso, sobre la cual no se ha revelado ni una sola acusación concreta.
Un portavoz de la Fiscalía Federal declaró escuetamente que “las fuerzas del orden están ejecutando una orden de registro judicial en esos lugares” y no ofreció más detalles.
Hasta el momento, tanto el LAUSD como Carvalho han mantenido un silencio absoluto ante los requerimientos de declaraciones.
¿Por qué ahora?
Carvalho, un funcionario con una larga trayectoria, ex líder de las escuelas públicas de Miami Dade antes de llegar a Los Ángeles, ha sido considerado una figura sólida en la educación, pero también ha generado controversia. Algunos críticos señalan que su gestión ha favorecido contratos con empresas tecnológicas sin transparencia pública, y otros alegan que su estilo autocrático ha irritado a padres y docentes.
Mientras tanto, en foros públicos y redes sociales ya circulan teorías incendiarias.
¿Se trata de una investigación de corrupción y relaciones ocultas con proveedores educativos?
¿O estamos ante un intento de politizar la educación pública en el corazón de Los Ángeles?
¿Podría esto conectar con críticas al LAUSD por discriminación en asignaciones escolares o políticas internas que enfrentan a comunidades?
Lo que preocupa a muchos es que, tras décadas de escándalos educativos en el distrito, desde el desastroso proyecto de iPads hasta disputas sobre políticas de inclusión y equidad, este nuevo episodio podría sacudir aún más la confianza de padres y contribuyentes en el sistema escolar más grande y polémico de Estados Unidos.
Este caso está en pleno desarrollo y promete capítulos aún más turbulentos. ¿Qué razones reales podrían haber llevado al FBI a irrumpir en la administración educativa más grande del país? ¿Y por qué también en la casa del propio superintendente?
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