Un tribunal federal de apelaciones emitió una nueva decisión que representa un obstáculo para la política migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump. El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito resolvió que el gobierno no puede negar de forma generalizada el derecho de los inmigrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a solicitar una audiencia de fianza ante un juez.
Tribunal considera incorrecta la interpretación de la ley
La resolución fue aprobada por una mayoría de dos votos contra uno. En su decisión, los magistrados concluyeron que la interpretación que el gobierno ha hecho de la legislación migratoria no permite eliminar automáticamente la posibilidad de que ciertos inmigrantes comparezcan ante un juez para solicitar su libertad mientras enfrentan un proceso de deportación.
La decisión coincide con otros tribunales federales
El fallo del Noveno Circuito se suma a otras resoluciones emitidas por tribunales federales que también han rechazado la política de mantener detenidos a inmigrantes sin permitirles una audiencia de fianza. No obstante, algunos circuitos han respaldado la postura del gobierno federal, lo que ha generado criterios opuestos entre distintas cortes del país.
Inmigrantes podrían solicitar una audiencia de fianza
La decisión beneficia principalmente a las personas detenidas en los estados bajo la jurisdicción del Noveno Circuito. A partir de este fallo, quienes cumplan con los requisitos podrán pedir que un juez de inmigración analice si pueden continuar su proceso en libertad bajo fianza. La resolución no ordena la liberación inmediata de los detenidos, sino que garantiza su derecho a una evaluación individual de cada caso.
La disputa legal aún no termina
El gobierno federal continúa defendiendo su política de detención y se prevé que siga apelando decisiones similares. Debido a que diferentes tribunales de apelaciones han emitido criterios contradictorios sobre este tema, expertos consideran que el caso podría llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos, que tendría la última palabra sobre el alcance de las facultades del gobierno para mantener bajo custodia a inmigrantes durante sus procedimientos migratorios.