El gobierno de Estados Unidos se deslindó del presunto secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, ocurrido antes de su llegada a territorio estadounidense en julio de 2024. Sin embargo, las autoridades mantienen su interés en obtener información sobre los vínculos entre el narcotráfico y funcionarios o políticos mexicanos.
La controversia resurgió tras la condena a cadena perpetua impuesta al antiguo líder del Cártel de Sinaloa por una corte federal de Brooklyn. Además de pasar el resto de su vida en prisión, Zambada recibió una orden para entregar $15,000 millones de dólares relacionados con sus actividades criminales.
Washington rechaza las acusaciones
Durante el proceso judicial, fiscales estadounidenses sostuvieron que Washington no participó en el operativo mediante el cual Zambada fue trasladado contra su voluntad a Estados Unidos.
La versión presentada por la defensa señala que Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, habría engañado y secuestrado al capo para llevarlo en avión hasta Nuevo México, donde ambos fueron detenidos por las autoridades.
El gobierno mexicano ha exigido explicaciones sobre el vuelo, la identidad del piloto y el conocimiento que pudieron tener las agencias estadounidenses. La Fiscalía General de la República también ha cuestionado la información proporcionada por el FBI, a la que calificó de incompleta e insuficiente. El País
Interés en los vínculos políticos del narcotráfico
Aunque Estados Unidos niega haber organizado la entrega de Zambada, fiscales federales continúan interesados en la información que el narcotraficante pueda proporcionar sobre funcionarios presuntamente relacionados con el Cártel de Sinaloa.
Al declararse culpable en agosto de 2025, “El Mayo” reconoció que su organización pagó sobornos a policías, militares y políticos mexicanos para proteger sus operaciones durante décadas. No obstante, públicamente no reveló nombres ni presentó detalles específicos sobre los supuestos beneficiarios de esos pagos. Reuters
El caso mantiene abierta una delicada disputa diplomática entre México y Estados Unidos. Mientras las autoridades mexicanas investigan si el traslado constituyó un secuestro y una violación de su soberanía, Washington concentra sus esfuerzos en obtener información que permita identificar las redes políticas y financieras que facilitaron las actividades del cártel.
Condenado a pasar el resto de su vida en prisión
Zambada fue sentenciado a cadena perpetua después de admitir su responsabilidad en una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo hacia Estados Unidos.
Durante la audiencia, el antiguo capo expresó arrepentimiento por el daño provocado por décadas de violencia y narcotráfico. Su condena representa el cierre de uno de los capítulos judiciales más importantes contra el Cártel de Sinaloa, aunque todavía persisten interrogantes sobre las circunstancias de su captura y la información que podría entregar a las autoridades.