Millones de residentes en California podrían verse afectados por nuevas reglas federales que entrarán en vigor a partir del 1 de junio y modificarán los requisitos para recibir beneficios de CalFresh, el programa de asistencia alimentaria conocido a nivel nacional como SNAP.
De acuerdo con reportes de FOX 11 Los Angeles, los cambios forman parte de la ley federal denominada “One Big Beautiful Bill”, impulsada por la administración de Donald Trump y aprobada en 2025. La normativa restablece requisitos laborales que habían sido suspendidos en California desde la pandemia de COVID-19.
Las nuevas disposiciones exigirán que ciertos beneficiarios trabajen al menos 20 horas por semana, equivalentes a 80 horas mensuales, para conservar el acceso a los beneficios alimentarios. Las personas también podrán cumplir con el requisito participando en programas de capacitación laboral, educación, voluntariado o servicio comunitario aprobado.
La medida aplicará principalmente a adultos entre 18 y 64 años considerados aptos para trabajar y que no vivan con menores de 14 años en el hogar. Quienes no cumplan con las nuevas condiciones podrían perder el acceso continuo a CalFresh y quedar limitados a solo tres meses de ayuda alimentaria dentro de un periodo de tres años.
Autoridades estatales estiman que aproximadamente 5.5 millones de personas reciben actualmente beneficios de CalFresh en California. Sin embargo, organizaciones defensoras de la seguridad alimentaria advirtieron que cientos de miles de beneficiarios podrían enfrentar dificultades para mantener la ayuda debido a nuevos procesos burocráticos y requisitos de verificación.
Entre las excepciones contempladas por la ley se encuentran mujeres embarazadas, personas con discapacidades físicas o mentales, integrantes de tribus reconocidas federalmente y participantes de ciertos programas de asistencia laboral.
Además, algunos condados con altas tasas de desempleo, como Imperial County, Merced County y Tulare County, continuarán temporalmente exentos de las nuevas reglas federales.
Ante la entrada en vigor de los cambios, funcionarios locales y grupos comunitarios ya comenzaron campañas informativas para alertar a los beneficiarios sobre los nuevos requisitos y evitar la pérdida de asistencia alimentaria.