Una jueza federal en California ordenó al Gobierno de Estados Unidos facilitar el regreso inmediato de una mujer mexicana que fue deportada pese a contar con protección activa del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), en un caso que ha generado controversia nacional sobre el debido proceso migratorio.
La decisión judicial establece que las autoridades deberán permitir el retorno de María de Jesús Estrada Juárez, de 42 años, quien fue expulsada del país tras ser detenida durante una entrevista relacionada con su solicitud de residencia permanente. Según el fallo, la deportación se llevó a cabo a pesar de que la mujer mantenía vigente su estatus migratorio bajo DACA y no tenía antecedentes penales.
El incidente ocurrió en febrero, cuando Estrada acudió a una cita programada en oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). En lugar de avanzar en su trámite, fue arrestada por agentes migratorios y deportada al día siguiente, lo que provocó acciones legales por parte de su defensa.
De acuerdo con los argumentos presentados ante el tribunal, la expulsión se sustentó en una orden de deportación emitida en 1998, cuando la mujer era menor de edad. Sin embargo, la jueza consideró que su protección bajo DACA debía impedir su remoción del país, por lo que instruyó al Gobierno a restituir su estatus y facilitar su regreso en un plazo determinado.
El caso ha reavivado el debate sobre el alcance real de las protecciones migratorias temporales y el manejo de deportaciones en el contexto de políticas más estrictas. Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han señalado que situaciones como esta evidencian posibles fallas en la aplicación del debido proceso.
La mujer, quien ha vivido en Estados Unidos durante más de dos décadas y tiene una hija ciudadana estadounidense, permanece actualmente en México mientras se resuelve su situación legal. Su defensa sostiene que la deportación causó daños irreparables tanto a su vida personal como a su estabilidad económica.
Este fallo judicial podría sentar precedentes relevantes en futuros litigios relacionados con beneficiarios de DACA y la interpretación de las protecciones que otorga este programa migratorio.